Por: Lorenzo Gonzalo

25 de Mayo del 2010

El Senador por Arizona, John McCain, respondió airado a las críticas que hizo el Presidente de México, Felipe Calderón, a una Ley del estado de Arizona que permite a la fuerza pública solicitar la documentación de las personas que consideren sospechosos de ser indocumentados, con el propósito de verificar su status migratorio. Es de todos sabido que esta Ley lleva implícita una alta dosis étnica y racial.

Dijo McCain que “es desafortunado y decepcionante que el Presidente de Mexico haya criticado al estado de Arizona, opinando sobre “un tema de política interna estadounidense, durante un viaje que buscaba reafirmar la relación única entre nuestros dos países”. El Senador McCain continó diciendo: “nunca había oído que el Presidente de otro país viniera y criticara de esa forma a Estados Unidos”. Habría que preguntarle al Senador, si conoce de las reiteradas injerencias del suyo, en los asuntos internos de otras naciones. La facción más radical de Estados Unidos no acepta críticas provenientes de terceros. Inclusive, muchos que no son tan radicales militantes de la derecha tradicional, tampoco las aceptan.

Con el transcurso de los años, desde la injusta declaración de guerra a España a fines del Siglo XIX, fecha en que Estados Unidos decidió participar como actor principal en la arena internacional, han pretendido convertir los criterios socio - políticos del “establishment” en verdades absolutas. De hecho las relaciones diplomáticas se instrumentan de manera que los estilos de vida y ciertas maneras de producir y dirigir las industrias y las finanzas, se conviertan en modos universales del quehacer y de obligatorio cumplimiento para el sostenimiento de relaciones fluidas. Esta actitud tiene el beneficio de facilitar el control de las riquezas ajenas, porque su implementación requiere de una dirección que sólo pueden ejercer, los tecnócratas que inventaron los mecanismos estructurales que sirven a los grandes capitales y poderes políticos de Washington.

Partiendo de esas premisas, el poder estadounidense ha creado barreras aislantes, que no permite opiniones foráneas referentes a sus políticas internas, al tiempo que sus ideas y formas de gobernar son exigidas al mundo exterior. De aquí la molestia causada por el discurso del Presidente Calderón. México es un país fronterizo con grandes territorios, cuyo control es un imperativo para los intereses económicos de Estados Unidos y como escudo militar de la frontera sur.

Para entender la incongruencia de esa actitud, debemos señalar que lo solicitado por el Presidente Calderón, es una necesidad que responde a los requerimientos de ambos países.

Al margen de la ilegalidad de la presidencia de Calderón, partiendo del supuesto de que existieron irregularidades en las elecciones que lo llevaron al poder, su reciente pedido a los legisladores en Washington para que prohíban la venta de armas de alto poder a la población, como si se tratara de indefensos juguetes, es un requerimiento de ambos países. Esto permitiría controlar mejor la frontera y el poder de una mafia que ya se ha introducido parcialmente en territorio estadounidense.

La inmigración es un problema que afecta a ambos por igual. Ninguna legislación por parte de uno de los dos, aislada del contexto general que los identifica en la problemática, tendría sentido y tanto el uno como el otro, necesitan tener voz en esa discusión. No comprender la crítica del Presidente de México a una ley particular, aprobada unilateralmente por uno de los cincuenta estados que componen la nación estadounidense, manifiesta un desconocimiento de la realidad. Su discurso pretendió ser una señal de alerta, sobre un tópico que no puede tomarse a la ligera y mucho menos ser manipulado en calidad privada, por los intereses de una de las cincuentavas partes que componen Estados Unidos. Manifestar disgusto por semejantes críticas, sólo muestra una marginalización del tema que, en ocasiones, puede resultar peligrosa. Este es el caso de la respuesta de John McCain y otros miembros poderosos del poder, porque viene precisamente de personas con influencias, con un peso decisorio en cuestiones de política general, lo cual incluye las exteriores.

La finalidad de este artículo es no sólo destacar que la inmigración entre México y Estados Unidos es un caso que sólo puede ser enfrentado de común acuerdo y considerando los intereses que desde ambos lados dan lugar al fenómeno, sino también destacar, el espíritu de injerencia que aún prevalece en las principales filas del poder de Estados Unidos.

Esperemos, por el momento, que se fundamenten los debates legislativos sobre éste álgido asunto. Entre otras cosas, confiemos que el Presidente, que dejó de ser persona independiente cuando alcanzó esa alta magistratura, no se vea envuelto en el laberinto que, como consecuencia de acciones partidistas, le impidió inaugurar un seguro universal de salud que pide a gritos el quebrado sistema nacional médico del país.

Gobernar con un Congreso compuesto por una sola persona es fácil, excepto por el cúmulo de errores al que quedamos expuestos, pero hacerlo con 435 distritos y cien senadores, es harina de otro costal. De todos modos, si la ceguera personal no se impone en cada uno de esos legisladores y el interés nacional prima por encima de sus flacos intereses personales, se podrán establecer leyes racionales que reglamenten el fluir humano entre ambas fronteras. Para alcanzar ese objetivo será importante recordar que el fenómeno en cuestión, fue incubado y estimulado, precisamente por la avaricia de los productores del Norte y las miserias surgidas, de economías que nunca pudieron crecer y desarrollarse por sí mismas, por su sujeción a intereses foráneos.