Por: Roberto Simeón

Se ha iniciado un proceso de cambio en Nuestra América, tan sustancial como el que se inició a principios del siglo XIX y que nos ofreció las amargas experiencias de la desintegración.

Hoy nuestros pueblos comprenden que, al objeto de lograr su realización cultural, su soberanía política y económica, y estar en condiciones de enfrentarse a la globalización liberal que puja por imponerse en el mundo, hemos de trabajar todos en conjunto por el logro de la integración política y económica. Y por supuesto, Cuba no puede estar ausente. Ayer y hoy continúa siendo el Antemural de Las Indias.

Este proyecto en Nuestra América ha de expresarse en variantes determinadas consecuente con cada espacio-tiempo-histórico y sustentadas en los principios del pleno respeto a la persona humana, lo cual sólo es lograble en un régimen de libertad plena.

Con el fin de alcanzar la plena libertad del hombre, para determinar su destino, podemos llegar al consenso necesario que nos permitan, sin formulas únicas el empeño integracionista.

Los partidos políticos

Rechazamos toda propuesta de partido único porque castra todo proceso revolucionario. Con la misma energía rechazamos lo que hoy llaman partidocracia, el régimen de partidos políticos que por la naturaleza de las estructuras políticas dominantes se convierten en manipuladores de la población al servicio de las clases dominantes.

Lo expresado en modo alguno pretende prohibir la existencia de partidos cuando actúan conforme a los objetivos programáticos y filosóficos que los sustentan y tienen la adecuada representatividad. Pero no han de ser instrumentos electorales con derecho único a proponer candidatos a los cargos electivos que la sociedad establezca.

En Nuestra América en los tiempos modernos a nadie en su sano juicio pudiera ocurrírsele proclamar o mantener por tiempo indefinido un estado confesional – religión de estado dicho de otra forma– de una u otra modalidad. Ya que ello conlleva autoridad o autoridades interpretes de “la verdad” sobre las autoridades del estado.

La religión es concebible como la relación con la divinidad de cada hombre o mujer, la filosofía es relación con la academia. Una u otra ha de ejercerse a plenitud, siempre y cuando no interfiera en el orden social.

En cambio, la relación de la persona y el estado ha de ser interrelación siempre creadora al objeto de superar el orden jurídico, a los efectos de lograr modos y condiciones que permitan hacer realizable la libertad plena de cada persona integrada en la sociedad.

La verdad oficial interpretada por uno o más poseedores de “la verdad” castra toda germinación de proyectos sociales y personales, mediatiza la expresión artística, creando una interrelación intimidante y alienante entre las personas que integran la sociedad e impide las condiciones imprescindibles para realizarse la libertad plena del hombre.

El partido único establece una verdad oficial, cuestionarla conlleva el anatema, el ostracismo, la cárcel o la muerte. Esta verdad oficial ha sido rechazada por los más respetados pensadores socialistas inclusive por Marx y Trotsky, recordemos que Marx literalmente expresó que él no era marxista.

Estas reflexiones no conlleva al rechazo de la existencia de partidos políticos, sino que pretenden lograr expresar la verdadera razón de ser de los mismos. Su existencia ha de ser, institución representativa de un grupo de ciudadanos que tienen fundamentos teóricos y programáticos que los identifica en su quehacer social. Y cuando éste o estos grupos son adecuadamente representativos pueden proponer candidatos a integrar los órganos electivos del estado.

Los electores: legítimos e ilegítimos

No ha de ser privilegio de los partidos proponer candidatos a los órganos electivos del estado. Toda organización igualmente representativa –sindicatos, asociaciones de vecinos, universidades, asociaciones de campesinos, cooperativas, artistas y toda otra comunidad social adecuadamente representativa– podrá ejercer el derecho de proponer al pueblo candidatos a funciones públicas que deriven de asambleas constituyentes soberanas.

La experiencia y los hechos han demostrado que los poderes financieros, empresariales y mediáticos minan y prostituyen la democracia al intervenir en los procesos electorales. Hemos de tener presente que, aunque ellos no deben ser electores de hecho lo están siendo en la mayoría de los países, desnaturalizando y desprestigiando los procesos electorales. En consecuencia, se han de tomar medidas necesarias para invalidar, prohibir y sancionar tales injerencias.

Medidas similares han de implementarse contra aquellos ciudadanos que aportan a candidatos, partidos y organizaciones recursos privados –en cuantía no aprobada– convirtiéndose en electores de primera, prostituyendo y minando los procesos electorales.

La libertad de prensa

Un tema de actualidad es el de la libertad de prensa que requiere determinadas precisiones. En los llamados regímenes del liberalismo económico imperante en la mayoría de los países se impide el ejercicio de la libertad de prensa, ya que el periodismo se ejerce acorde a las orientaciones
de intereses financieros, empresariales o gubernamentales que cada uno de esos medios representan. Donde imperan regímenes de capitalismo de estado como en Cuba, la prensa, radio y televisión no son más que agencias gubernamentales para manipular la opinión publica.

La libertad de prensa es un derecho inalienable del que todos hablamos pero que ha sido ejercido por intereses empresariales, financieros y gubernamentales nacionales y extranjeros; en distinto grado y diferentes épocas. Al efecto de su validez, hay que crear condiciones que permitan que la persona y los organismos de la base social tengan los medios para poder expresar libremente sus opiniones e inquietudes. Es necesario agregar que, en el ejercicio de derecho a la libre expresión del pensamiento, no es válido hacer la apología del delito, incitar la violencia o utilizar las diversas modalidades de difamación.

Las bases sociales

Logradas las garantías y medios necesarios para expresar nuestra diversidad, hemos de abordar cuidadosamente la tarea de reorganizar nuestra central obrera nacional y sindicatos integrantes, instrumentándolos con la normativa necesaria para asumir la legítima representación de los trabajadores en los órganos de dirección social.

Continuando esta orientación consideramos que al logro de la participación de las bases sociales en la dirección del estado, es necesario llegar a un consenso de las normativas necesarias para que el Consejo Nacional de Universidades y sus universidades integrantes, la Confederación Nacional Campesina y todos aquellos grupos sociales adecuadamente representativos puedan incorporarse a los órganos de dirección social.

Habiendo logrado mediante diálogo y consenso, estamos en condiciones de afrontar la consolidación de los organismos en la base social en que ha de sustentarse la República para afrontar los retos que se nos presentan en este Siglo XXI, entre ellos el de la integración política y económica de los pueblos de Nuestra América.

Nosotros los social-revolucionarios cubanos hemos reiterado que el sindicato es el órgano representativo de la comunidad del trabajo en cada centro laboral. En casos excepcionales, considerándose sus características, pueden organizarse a nivel empresarial o territorial. El hecho particular de que la empresa sea de carácter social, estatal, gubernamental, privada o mixta, no puede condicionar su representatividad.

Quizás no sea necesario, aunque con razón me califiquen de reiterativo, el sindicato ha de ser no partidista, democrático y autónomo. Cumpliendo al ordenamiento jurídico que establezca la nueva constitución, participará en la dirección de las instituciones de dirección social y económica de la Republica, ejerciendo la iniciativa legislativa y postulando en los casos que considere necesario candidatos a los cargos públicos electivos que establezca la nueva constitución.

La Universidad.

Respondiendo a nuestra tradición, desde los años del Manifiesto de Córdoba, históricamente los social-revolucionarios cubanos hemos sido abanderados de la autonomía universitaria. En el congreso nacional estudiantil de 1923 Julio Antonio Mella planteó en discurso central que la universidad debe ser un órgano autónomo participante en la dirección social.

Temas para un diálogo

Dialogaremos sobre estos y otros temas de los organismos en la base social en busca del consenso más amplio posible: La familia, la propiedad familiar, el municipio autónomo por el que siempre hemos luchado los social-revolucionarios, el régimen de cooperativas, las empresas de autogestión, cogestión gubernamental, estatal, etc. Afirmamos que la participación de los organismos en la base social garantiza una democracia genuina, estabilidad política y amplia participación ciudadana.

Condición única para participar en el diálogo que proponemos: Hemos de estar de acuerdo en que Cuba por derecho y por historia es soberana. Rechazamos indignados la injerencia extraña, y agradecemos conmovidos la solidaridad con nuestro pueblo.

Sabemos que el diálogo que proponemos en el marco de respeto incondicionado a nuestra soberanía, y que todos tenemos la responsabilidad de iniciar: Gobierno, oposición, y los no identificados con el uno o la otra. Hemos de intentar el consenso de quienes pertenezcan o no a un partido político u organización social de cualquier índole.

Logrado en lo que fuera posible un grado importante de consenso, estaremos en condiciones de convocar a Delegados a la Asamblea Nacional Constituyente Soberana. Los partidos, sindicatos, asociaciones campesinas, municipios, universidades y otros grupos en la base social propondrán sus candidatos al pueblo –y éste es el único elector.

Cumpliremos entonces el sueño de los que dedicaron su vida, o la perdieron, para que el pueblo de Cuba ejerciendo su soberanía, establezca una sociedad libre y justa, invitando a todos los hombres de buena voluntad a que nos visiten para ver cómo Cuba afronta los retos del Siglo XXI.